Las tasas municipales por Certificados-Guías de traslado de hacienda, establecidas hace muchos años con fundamento en Códigos Rurales o Leyes de Marcas y Señales, son un verdadero ejemplo de costo fiscal improductivo que erosiona la competitividad del sector productivo.
Las tasas municipales por Certificados-Guías de traslado de hacienda, establecidas hace muchos años con fundamento en Códigos Rurales o Leyes de Marcas y Señales, son un verdadero ejemplo de costo fiscal improductivo que erosiona la competitividad del sector productivo.
En su momento, hace 100 años, tuvieron su razón de ser. Hoy en el Siglo XXI, no se explican que todavía subsistan, excepto porque hay una Ley que las establece y que ningún legislador provincial estará dispuesto en afectar los recursos municipales modificando la Ley. También sobrevive porque los productores pecuarios no se quejan lo suficiente y no hacen valer sus derechos en sus localidades de origen y permiten que continúe esta práctica arcaica, que en definitiva pagamos todos los argentinos en el precio de la carne.
La Ley de la Provincia de Córdoba 5542 del año 1973, da origen a esta potestad Municipal, porque eran ellos los que expedían el certificado-guia.
En el año 2002, la Provincia a través de la Secretaría de Ganadería, promueve una modificación tendiente a simplificar y agilizar el trámite y define que el DTA (Documento de Tránsito Animal hoy Dte, que emite SENASA) es el único Documento válido para amparar el tránsito de animales y para sostener la intervención Municipal establece que debe estar visado por la autoridad de aplicación.
La Ley estableció que una vez emitido el Boleto de Marca y Señal por la Dirección de Ganadería dependiente del Ministerio de Agricultura y Ganaderia de la Provincia, el productor tiene que presentarlo para que tome razón la Municipalidad respectiva; el ente local tiene que llevar en adelante, el registro de productores y existencias. Esta obligación de registro y existencias, en un relevamiento que llevó adelante la Dirección de Marcas y Señales a fines de los años 90 demostró que era incumplida por la gran mayoría de municipios y comunas.
En la actualidad y desde hace muchos años, el único registro confiable de existencias en el País es el que lleva SENASA. Recientemente el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Provincia a puesto en funcionamiento una plataforma Digital para el Registro de Marcas y Señales, continuando con la filosofía de simplificación del trámite iniciado en 2002 y ha invitado a los Municipios a adherir al sistema.
A la fecha han adherido más de 240 municipios y comunas; mediante la plataforma digital de la Provincia y el convenio con SENASA se posibilita que quienes sean “autogestores” pueden emitir su propio Dte y abonar las tasas nacionales y municipales por pagos electrónicos sin necesidad de concurrir a Oficina de SENASA o dependencia Municipal alguna.
Toda esta mejora tecnológica pone en evidencia que la intervención Municipal es innecesaria. Desde hace mucho tiempo que los Municipios en la materia de Marcas y Señales no cumplen ninguna función, ni registral y menos sanitaria, por ende el derecho a percibir una Tasa al no haber contraprestación carece de todo sustento.
Por año, el sector productivo de la Provincia paga estimativamente por tasas municipales de movimientos de hacienda vacuna con destino a faena $ 71 millones (un promedio de entre $11 y $60 sobre 2 millones de cabezas, mínimos y máximos relevados) y por el movimiento de cerdos con destino a faena otros $ 20 millones adicionales (promedio en $ 3,5 y $ 20 respectivamente). La diferencia de tasas no guarda ninguna relación entre los Municipios.
La Provincia de Santa Fe emitió el Decreto 1492 de fecha 21/06/2019 y eximió a los productores de la necesidad del visado policial al DTe., por considerar obsoleto el mecanismo.
En el caso de Córdoba, deberíamos tomar el ejemplo y peticionar a nuestras autoridades para eliminar este tipo de gabelas.