Arrancó una nueva gestión de Gobierno que se está empapando de los temas de agenda del sector. Al tope figura la reforma impositiva pendiente y necesaria, si se pretende apostar al blanqueo del comercio de carne. Tambien se requiere controlar la informalidad laboral ya que la meno de obra tiene un alto peso en los costos industriales.
Arrancó un nuevo año y una nueva gestión de Gobierno. En los newsletter anteriores dijimos que desde FIFRA estábamos dispuestos a trabajar con la nueva gestión y así lo estamos haciendo. En tal sentido hemos mantenido reuniones con distintos funcionarios de la cartera de Agricultura y Ganadería y también con la Presidencia del SENASA, trasmitiendo a ellos nuestra visión sobre el negocio de ganados y carnes.
Obviamente que la conformación de los equipos y la interiorización en los temas específicos lleva su tiempo y en eso debemos saber comprender y por otro lado hacer conocer cuáles son los temas urgentes para no dejar pasar oportunidades.
Se viene la discusión de la Ley de Presupuesto y en ella tenemos que bregar para que se corrija la distorsión que genera la aplicación de IVA con alícuota del 21% al servicio de faena cuando el producto “ganado” y su derivado (la carne) están gravados al 10,5%, esta situación castiga al matarife abastecedor. Vamos a visitar a los legisladores para ponerlos al tanto de esta situación y ya lo estamos haciendo a nivel del ejecutivo.
Siguiendo con la cuestión impositiva, se requiere volver a tratar los cambios pendientes en ingresos brutos y tratar de lograr un acuerdo o consenso con las provincias para que en el caso de la comercialización de carnes no haya alícuotas confiscatorias y de tan variada diferencias, así como se le pide un aporte especial al sector, es justo que nuestro producto tenga un tratamiento especial también. A diferencia de otros comercios, en el caso de carnes, como tantas veces lo dijimos, se trata de un producto de alto valor y baja rentabilidad, cuando los impuestos hacen inviable su recaudación y pago, los comerciantes directamente optan por eludirlo. Por esta razón sostuvimos ante los funcionarios de la administración anterior, que la mejor forma de regularizar el comercio minorista era creando una categoría simplificada para que el comerciante en un sólo pago se libere de los impuestos nacionales y como actualmente muchas provincias y municipios tienen convenio con AFIP también podrían hacer lo mismo con Ingresos Brutos y los municipales. Recordemos que esto aplica para la típica carnicería atendida por su dueño y en la que generalmente colaboran los familiares y cuyas ventas no superan los 8000 kilogramos mensuales, por lo tanto se excluye en esa propuesta a las cadenas de carnicerías o supermercados. Esta situación afecta a mas del 70% del universo de comercios minoristas del país, conclusión a la que arribamos en las reuniones de las que participamos con organismos como la AFIP y funcionarios provinciales.
La verdadera regularización del negocio de las carnes que evitará la informalidad que afecta a toda la cadena pasa por un verdadero acuerdo entre el Estado nacional, el provincial y los municipios, de lo contrario los intentos serán infructuosos.
La industria frigorífica de consumo atraviesa un difícil momento, a la caída de valor del precio de subproductos como el cuero se agrega menor producción (el consumo de carne vacuna por habitante disminuyo en promedio en 5 kilos per cápita) y cuando eso sucede los costos son mayores porque la actividad necesita de escala para obtener rentabilidad. En este contexto el costo laboral, que representa casi el 80% del costo de faena tiene un impacto relevante. Los empresarios junto a la Federación Gremial del Personal de la Carne y sus Derivados renegociamos el acuerdo a fines del año pasado (noviembre) y los trabajadores no han visto afectados sus ingresos con respecto a la inflación, demostrando así un actitud responsable de ambos sectores.
En este aspecto y por la relevancia de su impacto en la estructura de costos es importante la labor de control que debe realizar el estado para que no haya trabajadores precarizados o que se eludan los pagos de contribuciones y aportes, que trasladados a precio se convierten en competencia desleal y destruyen a la industria formalizada.