La "reapertura" de la paritaria de la Carne, aunque desde la Jefatura de Gabinete se diga otra cosa, culminará con un aumento salarial interanual del 42 % a partir del mes de Julio de 2016. Es decir que las empresas tienen que hacer frente a un incremento salarial retroactivo del orden del 27 % y por supuesto sin garantías de que el acuerdo llegue al término previsto (31/03/2017).
Nuestro severo cuestionamiento es hacia la autoridad de aplicación, que permitió la realización de medidas de fuerza en el marco de la conciliación obligatoria y nunca intercedió para que el impacto del aumento fuera morigerado de manera escalonada. No desconocemos la legitimidad del reclamo gremial y por ese motivo siempre estuvimos dispuestos a reforzar el acuerdo salarial refrendado en Abril en el MTESS que debía regir hasta el 30/09/2016, pero ante la inacción de ese Ministerio y la realización de medidas de fuerza no quedó otra alternativa que aceptar la nueva escala salarial impuesta, queda por verse cómo harán las empresas para hacerse del recuros financiero necesario…
Esta situación traerá como consecuencia, como ya lo hemos anunciado, un incremento en el precio final de la carne en el orden de un 5%, debido a que la industria y los operadores comerciales no están en condiciones de absorber nuevos aumentos. El precio de la hacienda se mantendrá firme durante todo el año debido a la escasez que es consecuencia de la recomposición del stock vacuno; además, las tarifas de energía y gas tuvieron aumentos considerables, también subieron el combustible y las tasas de Senasa, en tanto, la presión impositiva en general también influye en el encarecimiento del producto, por ende no queda más alternativa que cargar esos incrementos del costos en el precio de venta de la carne, agravando así la disminución del consumo interno.
En lo que va del año el consumo ha disminuido en alrededor de 5 kilos por hab./año y los volúmenes de exportación no mejoran respecto de los registros del año anterior, es decir, en términos absolutos se está faenando menos, situación que deja al sector industrial en una posición muy débil, con posibilidad cierta de alguna presentación en Concurso Preventivo.
Es de fundamental importancia que el Estado acote la presión tributaria, la posibilidad de utilizar el impuesto al débito y crédito bancario para el pago de Impuestos es necesario para morigerar el impacto del impuesto en el precio final del producto y también como mecanismo de transparencia y seguridad de los operadores. Por otra parte es necesario un acuerdo al menos de las provincias más ganaderas para establecer una alícuota común de impuesto a los ingresos brutos sobre la industria y los operadores mayoristas que debieran estar exentos pero, si la necesidad de recursos lo impide, la alícuota no debiera superar el medio por ciento (0,50) en virtud de que el mismo impuesto grava la venta final en alrededor de un 5% del valor producto.
Un estudio realizado el año pasado por el Lic. Nadin Argañaraz de IARAF para COPAL determinó que en la composición del precio de un alimento en góndola la participación impositiva alcanza un 41 % y a eso se debe adicionar hasta un 20% de costo logístico, esas fueron las reflexiones del Presidente de la UIA en el reciente Coloquio Industrial organizado por UIC en la ciudad de Córdoba.