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Urcía explicó la postura de Fifra sobre el troceo en Informe Ganadero

Daniel Urcía explicó en la publicación Informe Ganadero por qué no están dadas las condiciones para su implementación y qué impactos tendrá la medida en la cadena de la carne vacuna.


Crédito: Fifra

Cuando se habla del troceo de la media res hay que tener en cuenta que una cosa es resguardar la salud de trabajador con respecto a la carga de productos con pesos superiores a los 32 kilos y otra cosa impedir el uso de medios mecánicos adecuados que están contemplados en la legislación laboral vigente.



La resolución 4 emitida de forma conjunta por los entonces Ministerio de Trabajo, el de Desarrollo Productivo y de Agricultura pasa por encima de la ley laboral. Esa resolución habla de la obligación del troceo de la carne con destino al consumo minorista y no incorpora el uso de los medios mecánicos.


Entonces comete un grave error al diferencias entre el comercio minorista y el mayorista. Puede haber comercios mayoristas que no cuenten con los medios para adecuados y por ende el trabajador involucrado termine cargando pesos excesivos y por lo tanto no se estaría cuidando su salud.


Al mismo tiempo, no hay argumentos válidos para prohibir al minorista se le prohíba la descarga de medias reses si cuenta con las herramientas adecuadas para que el trabajador no haga esfuerzos que no están contemplados en la ley y que pueden afectar su salud.


Por lo tanto desde Fifra lo que hicimos fue pedir a las autoridades que incorporen en la normativa la posibilidad del uso de los medios mecánicos que va a salvaguardar la salud del trabajador sin afectar al sector industrial, comercial, a los consumidores ni a los productores.


Además nos preguntamos si es factible tal como están dadas las cosas la comercialización por cortes en el mercado doméstico.


La respuesta a ese interrogante no es positiva porque no se cumplieron los presupuestos de la resolución 4. En ella se determina que se van a poner a disposición del sector privado créditos para la adecuación de las plantas frigoríficas y de la logística, en definitiva, de todo lo que se requiere para que el troceo sea una realidad.


Pero lo cierto es que la realidad económica de la Argentina impidió que los créditos se hayan monetizado. Desde el sector privado trabajamos con el Banco Nación, los bancos provinciales y privados, pero los préstamos no se hicieron efectivos y los pocos otorgados quedaron retrasados en función de la actualización por inflación que requieren las inversiones previstas. En algunos casos los presupuestos incluso se duplicaron sin contar con que además hay faltantes de los productos reclamados y necesarios para las modificaciones exigidas para que se implemente el troceo.


La segunda cuestión y más importante que la anterior es que este cambio requiere de la adhesión de todas las provincias y a la fecha ninguna se adhirió.


Para ello deben hacerlo ley de sus legislatura o generar una normativa propia en idéntico sentido de la que pretende el gobierno nacional y ninguna de ellas ocurrieron.


Además, hay un tercer dato a tener en cuenta. Los mataderos provinciales y municipales no están obligados a cumplir con la normativa lo que generará, en caso de que entre en vigencia, una competencia desleal.


Por todos estos motivos desde Fifra consideramos que el cambio pretendido en la comercialización de carne no se puede llevar adelante el cambio el 1 de noviembre.


Por otra parte, hay que tener en cuenta que todas esas modificaciones llevarían a un encarecimiento del precio de la carne al consumidor, que entendemos no se condice con las intenciones oficiales de limitar la inflación y también llevaría a una menor capacidad de pago del ganado a los productores.


Lo que se argumenta desde las modelizaciones teóricas es que el comercio por cortes generaría beneficios. Pero en el sistema comercial argentino el transporte es por gancheras y si en lugar de colgar medias reses se cuelgan trozos de 32 kilos se pierde capacidad de carga y de traslado. Además las empresas necesitarán de más empleados para el cuarteo e incrementar la capacidad de frío. Esos costos se trasladan a los demás actores de la cadena, es decir, el precio al consumidor o al valor del ganado en pie con destino a la faena.


Como si fuera poco, no se consultó en ningún momento a los carniceros. Según las encuestas hechas por Fifra 8 de 10 carnicerías prefieren recibir medias reses. Es contradictorio que se pretenda comunicar esto como un supuesto beneficio cuando este actor de la cadena no fue consultado y rechaza el cambio porque no lo beneficia.


Ese es un error importante porque se estima que en el país hay más de 80 mil carnicerías a las que se pretende obligar a cambio en el formato operativo que no están solicitando, tampoco lo piden la mayor parte de los frigoríficos, los comercios mayoristas ni el supermercadismo.


El negocio de la carne vacuna en Argentina tiene 100 años y las condiciones actuales de muchos establecimientos no son las adecuadas para cumplir con las condiciones higiénicos – sanitarias que requiere la producción de carne, sin embargo tampoco son sancionados ni clausurados. Entonces, en esas condiciones, ¿cómo podemos creer que se hará cumplir con el cuarteo? Esto hace pensar que alto porcentaje de probabilidad de éxito que esto fracase. Para que tenga un final feliz se requiere de un Estado con capacidad de control y de hacer cumplir la normativa.


Otro de los actores que se manifestó en contra de esto fue la Cámara de Matarifes, además de varias cámaras empresarias del sector frigorífico que hicimos llegar nuestro pedido de suspensión del cuarteo mediante una nota firmada también por Alberto Fantini quien es secretario de la Federación Gremial de Trabajadores de la Carne.


Los matarifes argumentan, y con razón, que quedarían fuera del negocio de la carne porque los frigoríficos donde faenan les entregarían las medias reses y no los cuartos porque no están adecuados a tal cambio. Los matarifes defienden legítimamente su actividad.


Lo que creemos es que la cuestión no va a llegar a buen puerto y que en definitiva los exportadores que impulsaron la norma presionan porque algún beneficio van a obtener, si con esto logran que más carne se comercialice a través de mayoristas o supermercados habrán ganado una porción mayor del mercado interno lo que significa más concentración en perjuicio del sistema de comercialización a través de carnicerías.